Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La justicia tamaulipeca continúa avanzando en el combate a la corrupción y muestra de ello fueron las recientes audiencias celebradas el pasado 20 de octubre, donde un juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado determinó vincular a proceso a varios exfuncionarios de la pasada administración estatal, por su presunta participación en delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el desempeño indebido de funciones públicas.

Entre los exservidores públicos señalados se encuentra Carlos “N”, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico, acusado en dos carpetas distintas por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño indebido de funciones administrativas. En ambos casos, el juez fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, que concluirá el 20 de enero de 2026.

En esa misma fecha, fue vinculado a proceso Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo las mismas condiciones procesales, quien es el único que se encuentra en el Centro de Ejecución de Sanciones.

De igual forma, Enrique “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en la pasada administración estatal, enfrentará el mismo cargo, con un periodo de investigación que también vencerá el 20 de enero de 2026.

Por otra parte, el 15 de octubre se celebró la audiencia correspondiente a la carpeta 00311/2025, en la que fueron vinculados Reynaldo “N”, exsubsecretario de Proyectos y Licitaciones; Armando “N”, exdirector Jurídico y de Transparencia; Isaías “N”, exsupervisor de la Región Norte, y Eduardo “N”, exjefe del Departamento de Supervisión Regional Norte, todos ellos de la Secretaría de Obras Públicas.

De acuerdo con la resolución judicial, Reynaldo “N” y Armando “N” enfrentan acusaciones por abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que Isaías “N” y Eduardo “N” fueron vinculados por ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones. En este caso, el plazo de investigación complementaria fue fijado hasta el 15 de enero de 2026.

Con estas determinaciones, suman ya diversos exfuncionarios de alto y mediano nivel de la administración anterior los que han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia tamaulipeca, en un proceso que busca recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reiteró su compromiso de mantener un trabajo firme, técnico y apegado a la legalidad para que ningún acto de abuso o mal uso del poder quede impune en Tamaulipas.